Lo ocurrido el 23 de noviembre de 2019, durante una marcha pacífica en el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, pone en evidencia el uso desmedido del poder por parte de la fuerza pública, que recurrió a estrategias de persecución y agresión contra los manifestantes. Este hecho se inscribe en un año marcado por el descontento social en Bogotá, Colombia, donde miles de personas salieron a las calles para exigir cambios frente a la desigualdad, la corrupción y la violencia institucional. Las protestas de 2019 fueron un símbolo de resistencia y un llamado a la defensa de los derechos fundamentales, al tiempo que dejaron al descubierto las tensiones entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de garantizar su protección. Estos acontecimientos no solo evidenciaron las demandas de la población, sino también las profundas fracturas sociales y políticas que atraviesan el país.
